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Perfil
Según el Protocolo de Actuación de Coahuila para la prevención, atención y control del acoso escolar, la actuación debe ser inmediata y coordinada. El objetivo principal es garantizar la integridad física y psicológica del menor.
A continuación, se detallan los pasos clave que el personal docente y directivo debe seguir en caso de acoso escolar:
1. Detección y Detección Inmediata
La detección puede ocurrir por la observación directa de un docente, un aviso de algún miembro de la comunidad escolar (padres, otros alumnos) o la identificación de indicios de acoso en el comportamiento del alumno.
Es crucial que, una vez detectada la situación, se actúe de inmediato, garantizando la seguridad de los involucrados.
2. Notificación a la Autoridad Superior
Cualquier miembro del personal escolar que tenga conocimiento de un caso de acoso debe informar inmediatamente a la persona titular de la Dirección de la escuela. La dirección, a su vez, debe dar aviso a la Unidad de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación y, en caso de que la gravedad lo requiera, a las autoridades competentes.
3. Documentación del Caso
La dirección de la escuela debe elaborar un acta de hechos en un plazo máximo de 24 horas. En este documento se deben registrar los detalles de la situación, incluyendo las versiones de los involucrados. Además, se debe iniciar un expediente para dar seguimiento al caso.
4. Protección y Comunicación con la Familia
- Se deben implementar medidas de protección que garanticen la integridad física y emocional del alumno o alumna afectado(a).
- Se debe notificar de inmediato a los padres, madres o tutores del estudiante presuntamente afectado. El protocolo también indica que si los padres o tutores son señalados como los agresores (en casos de violencia u otros), se debe notificar directamente a la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).
5. Vinculación con Instancias Especializadas
El personal escolar tiene la responsabilidad de vincular a las familias con las instancias que cuentan con atención especializada, como la PRONNIF, el Ministerio Público, psicólogos o trabajadores sociales, para asegurar que el menor reciba la atención y el acompañamiento necesarios. El protocolo enfatiza la importancia de actuar con empatía y sin revictimizar al menor.
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